La Iglesia alerta sobre la crisis en centros de atención a personas con discapacidad

 
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su profunda preocupación por la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, y pidió al Estado una respuesta inmediata. En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos describieron la crisis económica como “de extrema gravedad” y subrayaron que los retrasos e insuficiencia de los aportes estatales ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
Según el comunicado, esta situación genera déficits que afectan la alimentación, la provisión de medicamentos y el pago de salarios del personal que asiste diariamente a las personas con discapacidad. Además, los obispos destacaron que en los últimos días la realidad de estas instituciones se ha visibilizado con mayor fuerza, mostrando la labor silenciosa y generosa de quienes acompañan a los más vulnerables.
Entre los casos más críticos, mencionaron los cottolengos Don Orione, donde la atención de unas 1.200 personas corre riesgo debido a la falta de regularización de los compromisos de organismos nacionales desde fines de 2025, mientras los costos operativos continúan en aumento.
Además, advirtieron sobre el endeudamiento creciente, el riesgo de cierre de hogares, limitaciones para recibir nuevos residentes y deterioro en la calidad de las prestaciones.
En este contexto, los obispos recordaron que “las personas con discapacidad no pueden esperar” y reiteraron la necesidad de cumplir la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas para este sector.
Asimismo, remarcaron que estas obras, muchas impulsadas por comunidades religiosas y civiles, constituyen un patrimonio social fundamental y que cuidar de los más frágiles es un pilar esencial de toda sociedad.
La Comisión Ejecutiva solicitó una respuesta “concreta, visible y urgente” que asegure la continuidad de los servicios, al tiempo que expresó su disposición al diálogo para colaborar en una solución que lleve alivio a instituciones, familias y personas afectadas.
El documento fue firmado por monseñor Marcelo Colombo, presidente del Episcopado; el cardenal Ángel Rossi SJ, vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, secretario general.