Blanca Osuna denunció un fuerte retroceso en educación y acusó al Gobierno de incumplir leyes

La diputada nacional Blanca Osuna cuestionó con dureza la política educativa del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de la inversión, las condiciones laborales docentes y el funcionamiento de las escuelas y universidades públicas.
Durante una reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Educación, calificó de “cinismo” las explicaciones oficiales sobre el presupuesto y sostuvo que la administración de Javier Milei está incumpliendo leyes fundamentales y relegando su responsabilidad en el financiamiento de la educación.
“Cinismo es la palabra que yo usé para calificar lo que está sucediendo en una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Educación, porque en verdad quienes deben informarnos lo que hacen es poner el esfuerzo en justificar lo que es injustificable”, afirmó.
Menos inversión y deterioro de la infraestructura escolar
Osuna señaló que la inversión educativa registra una caída y remarcó que el retroceso se observa especialmente al comparar su evolución con el producto bruto interno (PBI), un indicador contemplado en la normativa vigente.
“La inversión en educación en Argentina va en picada, en caída, mientras las escuelas estallan”, sostuvo, al denunciar la falta de inversión en infraestructura, el deterioro de techos y baños y la ausencia de nuevas escuelas y universidades.
También cuestionó que desde el oficialismo se destaque que no se cerraron establecimientos, en lugar de impulsar la apertura de nuevas instituciones educativas.
Salarios docentes y leyes incumplidas
Otro de los ejes de su exposición fue la situación de los docentes, cuyos salarios, según afirmó, pierden valor mientras se debilitan las políticas de formación inicial y permanente.
La legisladora también cuestionó la falta de articulación entre esos programas y las iniciativas de alfabetización, y sostuvo que esa política no puede constituir el principal objetivo de la gestión educativa nacional. Las normas están para ser cumplidas
En ese marco, enumeró distintas normas que, según denunció, el Gobierno no está cumpliendo, entre ellas la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Educación Ambiental.
Críticas al Gobierno por desligarse de la responsabilidad educativa
Osuna cuestionó, además, que la Nación atribuya a las provincias la responsabilidad por la educación obligatoria. Sostuvo que tanto el Estado nacional como los gobiernos provinciales deben garantizar el acceso a la educación y coordinar las políticas necesarias para sostener el sistema.
“La norma, la Constitución y todas las normas nacionales educativas, definen una responsabilidad primaria, principalísima del Estado Nacional y de los estados provinciales”
La diputada también planteó que existen recursos para financiar otras actividades económicas, mientras la educación queda relegada. En ese sentido, cuestionó los beneficios destinados a sectores de mayor poder adquisitivo, empresas mineras y grupos económicos concentrados.
Pobreza, abandono escolar y recorte de becas
La legisladora advirtió que la situación económica de las familias repercute directamente en las trayectorias educativas, especialmente entre los adolescentes que deben colaborar con los ingresos del hogar.
En ese contexto, señaló el retroceso de las becas Progresar, tanto por los montos como por la cantidad de beneficiarios, y cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre esos cambios.
“Hay algo de lo humano que acá está desentendiéndose y abandonándose respecto al derecho de la formación y de la educación y el acceso al saber y al conocimiento”
Finalmente, Osuna defendió las políticas educativas impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y consideró que la descalificación de esa etapa funciona como justificación del actual retroceso.
“Yo creo que eso es imaginar una Argentina destruida, imaginar una Argentina disgregada, sin comunidad”, concluyó, al advertir sobre las consecuencias sociales de relegar la educación pública.