El Departamento de Justicia de Estados Unidos supervisó las elecciones por primera vez

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que, por primera vez, desplegó en los 50 estados aproximadamente 1.000 observadores y supervisores electorales donde se están realizando las elecciones de medio término.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, los observadores electorales verificarán el cumplimiento de las leyes federales sobre derechos de voto que se encuentran dentro de su jurisdicción, reportó la cadena CBS News. Se trata de la Ley de Derechos Electorales, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Ayuda a Estados Unidos para Votar, la Ley de Voto Ausente para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero y las Leyes de Derechos Civiles.
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En un comunicado, Harmeet Dhillon, fiscal adjunta de la División de Derechos Civiles, afirmó estar «muy orgullosa de que estemos desplegando el mayor operativo de vigilancia en la historia del Departamento de Justicia y de que estemos buscando la transparencia en las elecciones de una manera firme y no discriminatoria».
También se controlará la aplicación de la Ley de Voto Ausente para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, destinada a facilitar la participación de militares y estadounidenses residentes fuera del país, así como diversas disposiciones de las Leyes de Derechos Civiles que prohíben la intimidación, coerción o interferencia con el ejercicio del sufragio.
El anuncio del operativo se produjo en un contexto de fuerte tensión política y cuestionamientos sobre la integridad del sistema electoral estadounidense, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2020. En los últimos años, varios estados aprobaron cambios en sus normas de votación, lo que encendió el debate entre quienes denuncian restricciones al voto y quienes reclaman mayores controles para prevenir fraudes.
Qué harán los observadores en los centros de votación
Monitorearán el acceso de los votantes a los establecimientos, especialmente en comunidades minoritarias o históricamente vulnerables.
Recibirán denuncias y recogerán información sobre posibles irregularidades en la emisión o el conteo de votos.
Supervisarán el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles vinculadas al proceso electoral.
Elaborarán informes internos que podrán servir de base para eventuales investigaciones o acciones judiciales posteriores.