La Justicia de Morón ha emitido un fallo que sacude los cimientos de la jurisprudencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En una decisión sin precedentes, los magistrados Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez condenaron a un hombre la pena de 20 años de cárcel. Lo disruptivo del caso es que el agresor nunca tuvo contacto físico con la víctima; sin embargo, el tribunal consideró que el abuso sexual con acceso carnal se configuró a través de la coacción y el control absoluto mediante dispositivos electrónicos.
El imputado, que ya se encontraba purgando una condena en una unidad penitenciaria bonaerense por causas anteriores, comenzó su asedio en enero de 2020. Utilizando perfiles falsos en plataformas como Instagram y WhatsApp, el delincuente se hizo pasar por un joven de la misma edad que la víctima para entablar un vínculo de confianza.
Los abusos fueron realizados por un preso alojado en la cárcel del conurbano bonaerense.
Una vez obtenido el material íntimo, inició un ciclo de extorsión y manipulación psicológica que se prolongó por más de tres años, obligando a la niña a realizar actos sexuales frente a una cámara bajo la amenaza constante de difundir las imágenes.
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Para los jueces, la gravedad del daño no reside en el roce de los cuerpos, sino en la anulación de la voluntad de la víctima. El fiscal del caso, Claudio Oviedo, describió el proceso de sometimiento con precisión quirúrgica: «El acusado fue quebrando la voluntad de la víctima a lo largo del tiempo, doblegándola con distintas y progresivas acciones. Así logró que siguiera sus instrucciones y cometiera los actos que él le pedía«, explicó el funcionario en declaraciones a la prensa.
La investigación reveló que el agresor no solo destruyó la integridad psíquica de la menor, sino que también ejecutó una estafa económica contra su círculo familiar, logrando desviar una suma superior a los $350.000 mediante el uso fraudulento de billeteras virtuales y tarjetas de crédito.
El calvario de la niña abusada -que hoy cuenta con el respaldo judicial- solo pudo salir a la luz gracias a la confianza depositada en el entorno escolar. Fue una profesora quien, al notar cambios en la conducta de su alumna, se convirtió en el puente hacia la denuncia.
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Al respecto, el fiscal Oviedo subrayó la importancia de la intervención docente: «La docente no la juzgó, la orientó y junto a la familia pudieron hacer la denuncia. El mensaje es claro: las víctimas no están solas. Es fundamental que los adultos estén atentos y acompañen». Esta mirada resalta que, ante la sofisticación del delito digital, la red de contención humana sigue siendo la herramienta de prevención más eficaz.
Durante los allanamientos y el peritaje técnico de los dispositivos del condenado, los investigadores hallaron un botín de horror: más de 700 archivos con registros de abuso sexual infantil. Con estas pruebas, el Tribunal lo declaró culpable de una sumatoria de delitos que incluyen:
Abuso sexual con acceso carnal.
Producción y tenencia de material de abuso infantil.
Promoción de la corrupción de menores.
Extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito.
La sentencia de 20 años no solo representa un acto de reparación para la víctima, sino que establece una nueva frontera legal: en Argentina, la violación de la integridad sexual ya no requiere de un espacio físico compartido, sino de la comprobación del sometimiento absoluto del otro.
Este fallo llega en un momento crítico para la provincia de Buenos Aires. Según datos de organismos especializados en ciberseguridad infantil, en Argentina los casos de cyber abuso y grooming han crecido de manera exponencial en los últimos cinco años. El informe más reciente indica que las denuncias por delitos de integridad sexual digital se han triplicado, impulsadas por la hiperconectividad que los padres les permiten a los chicos y por la falta de controles en entornos carcelarios.
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El Conurbano no es ajeno a esta tendencia: el anonimato que brindan las redes sociales permite que delincuentes operen desde celdas o domicilios remotos, convirtiendo a los dispositivos en armas de sometimiento. Este veredicto en Morón envía un mensaje contundente a los criminales: la tecnología ya no es un escudo para la impunidad.