La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, habló luego de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y explicó cuáles fueron los argumentos detrás de su decisión.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. El eje de la resolución fue la falta de infraestructura, recursos materiales y profesionales para afrontar el eventual aumento de adolescentes que ingresen al sistema penal.
La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Pascual aclaró que su fallo no implica un rechazo a esa modificación, sino un cuestionamiento a las condiciones en las que podría comenzar a aplicarse en territorio bonaerense.
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“No romantizo con los chicos que salen con un arma”, sostuvo la jueza, pero cuestionó la idea de que la reforma pueda resolver por sí sola los problemas de inseguridad. “Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó.
Pascual también consideró “pésimo” que menores de 18 años permanezcan encerrados sin las herramientas necesarias para su reinserción. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, explicó.
La magistrada advirtió además sobre las consecuencias que puede generar el encierro sin acompañamiento. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
Qué dijo Marta Pascual sobre las críticas a su fallo
La resolución provocó un fuerte debate político. Entre quienes cuestionaron la medida estuvo la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien apuntó contra lo que definió como una Justicia bonaerense “garantista” y cuestionó también al gobernador Axel Kicillof.
La aplicación de la Ley Penal Juvenil en PBA está suspendida por 60 días.
Pascual respondió a esas críticas y reivindicó su posición. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, sostuvo.
La jueza también rechazó que la suspensión deje sin herramientas al Estado frente a delitos cometidos por menores. Según explicó, la legislación procesal bonaerense ya permite que jueces de Garantías dispongan la privación de libertad de adolescentes de entre 14 y 16 años.
Su objetivo durante los 60 días de suspensión es que los distintos poderes definan cómo se implementará el nuevo régimen, quién supervisará a cada joven y con qué recursos funcionarán los centros y las medidas alternativas previstas por la ley.
“Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo”, planteó Pascual, y cuestionó que la única respuesta termine siendo el encierro o que adolescentes sean enviados a establecimientos que no cuenten con condiciones adecuadas.
Quién es Marta Elba Pascual, la jueza de Lomas de Zamora
Pascual nació y creció en Almirante Brown, se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con más de 50 años de trayectoria vinculada al derecho de familia, la niñez y la justicia juvenil.
Marta Elba Pascual, la jueza de Lomas de Zamora que suspendio la Ley Penal Juvenil en PBA.
Actualmente encabeza el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y preside el Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. También fue ministra de Familia y Desarrollo Humano bonaerense y presidenta del Consejo Provincial del Menor.
Además, trabajó como consultora de UNICEF, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia y desarrolló una extensa carrera académica. En 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su desempeño en la Justicia.
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Uno de sus principales proyectos es Involucrados, una iniciativa de justicia restaurativa que articula al Poder Judicial, municipios y universidades para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal mediante educación, capacitación y reparación del daño.