Prohibición de cuidacoches: el Concejo comenzó el tratamiento del proyecto para adherir a la ley provincial

 
 
El Concejo Municipal comenzó este miércoles el tratamiento conjunto del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública.
Durante una reunión de tres comisiones quedaron expuestas las diferencias entre los bloques políticos, principalmente en torno a las excepciones previstas en la normativa y las medidas de inclusión social para quienes realizan esta actividad.
El encuentro reunió a integrantes de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que analizaron el mensaje de la Intendencia para adherir a la ley provincial Nº 14.486.
La iniciativa contempla sanciones para quienes ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero u otros beneficios.
Desde el interbloque oficialista Unidos defendieron la prohibición como eje central de la propuesta, aunque destacaron la necesidad de contemplar situaciones sociales particulares. En ese sentido, respaldaron el artículo que permite al Ejecutivo establecer excepciones en determinados lugares y circunstancias, como podría ocurrir durante la Fiesta de Colectividades. También remarcaron que el Concejo tendrá intervención en la definición de esas autorizaciones por su competencia sobre el espacio público.
En cambio, los bloques peronistas y Ciudad Futura cuestionaron el enfoque prohibicionista al considerar que no resulta inclusivo y que criminaliza la pobreza. Propusieron avanzar con programas de desarrollo personal y reconversión laboral, solicitaron información más detallada sobre la población de cuidacoches y plantearon la participación de organizaciones sociales, entre ellas la Pastoral Social. Además, recordaron que el artículo 300 del Código de Convivencia ya establece restricciones sobre esta actividad.
Para ampliar más sobre la postura oficialista, en diálogo con Conclusión, Fabrizio Fiatti, concejal por el espacio Creo y presidente del bloque Arriba Rosario, comentó: «Nosotros tenemos una posición muy clara que marca la urgencia, que es que el Ministerio de Seguridad emitió una resolución para que todos los municipios que hayan dictado una normativa propia de prohibición le comuniquen al Ministerio y se elabore un protocolo de actuaciones conjuntas”.
«Esto nos marca que el Concejo tiene que tomar esta decisión ahora, poder adherir a la ley provincial que prohibió la actividad y al mismo tiempo discutir cuál va a ser el abordaje social para aquellos casos en los cuales la situación tiene más que ver con una permanencia en calle o consumos problemáticos u otro tipo de factores que obligan a tener un abordaje diferente», añadió.
«Algunos defienden una prohibición más absoluta, en otro caso algunas flexibilizaciones. Nosotros entendemos que hay que priorizar la adhesión a la ley provincial, para poder generar este tipo de actuaciones entre el Agente de Control y la Policía en las situaciones que más conflictividad generan», precisó.
«Nos vamos a reunir nuevamente el martes de la semana que viene para poder continuar tratando el tema, aportando información y viendo si podemos poner ya algunos artículos sobre la mesa, con una redacción de acuerdo al voto mayoritario», informó sobre los pasos a seguir por parte del Concejo sobre la problemática.
Por su parte, a través de Conclusión, Fernanda Gigliani, concejala y militante del partido Iniciativa Popular, esgrimió los argumentos de su bloque, teniendo en cuenta un abordaje social del tema. «Nosotros desde el año 2020 planteamos iniciativas para intentar abordar esta situación. En el caso de aquellos que se organizan para cometer delitos utilizando la fachada de cuidacoches, se les aplica el Código Penal, y en todo caso es el Ministerio de Justicia, de Seguridad y son los propios funcionarios públicos que tienen que darle explicaciones a la ciudadanía de qué hicieron hasta ahora con eso», señaló.
«La pregunta es, por ejemplo, qué pasa con los cuidacoches que están administrados por las barras de los clubes de fútbol en Rosario, parece que esa cuestión todavía no la han resuelto. En ese caso no necesitan ni nueva normativa ni nuevas herramientas», indicó.
«Hay un universo que es de aquellos que están fuera del sistema hace muchos años. Hoy en Rosario tenés cuidacoches que hace 20, 30 años que se dedican a esta actividad y que lo usan como único sustento de vida. Frente a eso, el Municipio tiene que tener su propio relevamiento, poder ver cuál es la situación individual y familiar de cada una de estas personas e intentar reconstruir proyectos de vida alternativos», planteó.
«Nosotros lo que vemos es que, en la ley provincial, la centralidad la tiene la prohibición y que el abordaje desde una mirada social e integral está en el último artículo, que para nuestro entender en caso de este universo sería lo principal. Es decir, quieren prohibir la pregunta o la respuesta que nos deberían dar: qué pretenden hacer con estos seres humanos una vez que les prohíban ejercer esta actividad», criticó sobre el texto del oficialismo.
 
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«El gran problema que tiene el oficialismo es que no tienen una misma postura homogénea. Hoy escuchabas a unos que pedían que la gente llame al 911, otros que creen en la prohibición absoluta y otros que creen en una regulación con un abordaje social. El mismo proyecto de Pablo Javkin tiene una contradicción en sí misma», apuntó.
«Le dicen a la sociedad por el clima de época en el que estamos de que va a haber una prohibición absoluta y en realidad en el artículo número 2 ya hablan de un marco de excepcionalidad que acá sí lo planteé en la reunión, es delegarle al intendente las facultades de que él mediante decreto determine a quién va a exceptuar de la prohibición, lo cual desde ya no estoy de acuerdo»,  .
«Definir cómo, cuándo, dónde se autoriza el uso del espacio público es una potestad propia del Concejo Municipal y no del intendente», remarcó.
«Es un exceso en el caso de los cuidacoches que no extorsionan, que no cometen delitos, sino que simplemente usan esa actividad como único sustento de vida, aplicarles multa, perseguirlos penalmente, porque ahora una de las soluciones es meterlos presos», diferenció.
«No le podés cobrar una multa a alguien que lo único que tiene es un balde y un trapo. El propio oficialismo quiere meter a las mafias y a este sector que está fuera del sistema hace muchos años en la misma bolsa. Por lo tanto, al tener mal el diagnóstico, no saben cómo resolverlo», cerró.