Ajuste a las universidades: el presupuesto educativo se redujo casi un 50% en los últimos dos años

Un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el presupuesto educativo se redujo casi el 50% en los últimos dos años. El dato se desprende del reporte «El futuro del financiamiento educativo en debate», realizado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas.
El retroceso de la inversión educativa alcanzó el 47,7% en el bienio 2024-2025. También denunciaron que el financiamiento para educación y cultura sufrió «un ajuste mayor al del gasto nacional general, perdiendo participación en el PBI y dentro del presupuesto total».
En los últimos años, la discusión no se centró únicamente en el nivel de gasto destinado al sector, sino también en los mecanismos de asignación de recursos, la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias, el rol del sector privado y los mecanismos de evaluación del sistema educativo.
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La pérdida de las universidades
A esto también se suma la reducción del financiamiento nacional observada en períodos recientes. En mayo de este año, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Respecto a la quita de transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales, en el anexo de la Decisión Administrativa se detalló una reducción de $5.303.000.000 que afecta obras en trece casas de estudio.
Cuándo comenzó la pérdida de presupuesto
Del informe elaborado por la UBA se desprende que en 2024 comenzó a observarse «una retracción significativa del financiamiento nacional destinado a las políticas educativas». En este sentido, Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PBI en aproximadamente 0,6%.
El informe aclara que si bien este comportamiento se produjo en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional, «la contracción educativa fue más profunda en términos relativos. Como resultado, la participación de Educación y Cultura dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) también se redujo respecto de los niveles observados en años previos».
Según el informe, gran parte de la reducción se explica a partir de la discontinuidad del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), que reforzaba el ingreso de los docentes en las provincias. Este ajuste implicó que las jurisdicciones asumieran una mayor responsabilidad financiera, reforzando el carácter «descentralizado» del financiamiento educativo argentino.
En 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo. El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias.
El ajuste del 2025 alcanzó a varios de los principales programas de la Secretaría de Educación. Entre ellas, la transferencias destinadas al financiamiento universitario -mediante el programa Desarrollo de la Educación Superior- registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales.
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La situación en 2026
Este año, al no ampliarse las partidas presupuestarias vigentes al 30 de mayo del 2026, el gasto volvería a registrar una reducción real del 12,7%.Si este escenario se concreta, el financiamiento educativo nacional acumularía tres años consecutivos de caída en términos reales.
Además, la participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional se ubicaría entre las más bajas de los últimos tres años, consolidando una tendencia de reducción del peso relativo de la política educativa dentro del presupuesto nacional.