«Zona liberada»: Eduardo Valdés denunció un «festín» de venta de tierras con información privilegiada

 
El diputado nacional Eduardo Valdés lanzó duras críticas contra el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, manifestando que «la sociedad argentina no aguanta más DNU 60, que es una vergüenza». Según el legislador, el país atraviesa una crisis institucional profunda que ha dejado a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad legal. «En este momento en Argentina hay un limbo jurídico. Da la sensación que este país no tiene instituciones, que es zona liberada», afirmó.
El punto más crítico de su denuncia se centró en la irregularidad de la venta de tierras y la presunta existencia de información privilegiada. Valdés puso el foco en la actividad de una firma inmobiliaria que, anticipándose al fallo judicial, ya promovía la venta de predios restringidos. «Una inmobiliaria llamada Loma Alta Propiedades, dos días antes del fallo ofrecía 3 mil hectáreas de tierra con un lago adentro en un aviso en inglés y en español. Queremos saber quiénes compraron tierras en esos nueve días con información privilegiada», denunció.
El parlamentario cuestionó la temporalidad y la transparencia del proceso judicial, señalando que «la corte tuvo el expediente dos años y seis meses», para luego dictaminar la liberación de la venta de tierras el 29 de septiembre. Para Valdés, este vacío legal fue aprovechado deliberadamente: «Durante nueve días en Argentina hubo un festín».
Como prueba de sus afirmaciones, Valdés expuso el caso de un aviso de la inmobiliaria Loma Alta Propiedades. Según detalló el legislador, dicha empresa publicó un anuncio tanto en inglés como en español donde ofrecía 3.000 hectáreas de tierra con un lago en su interior.
En este sentido, se preguntó cuántas tierras se habrán vendido en ese lapso y «cuál es el valor de los protocolos de escribanos que permanecieron abiertos para concretar estas operaciones».
Asimismo, Valdés exigió la derogación inmediata del decreto presidencial, argumentando que «la corte suprema debería haberlo derogado ya con leer el artículo I, que establece la ‘emergencia’, emergencia que solo puede hacer el congreso tal como lo dice la constitución nacional».
Más allá de la cuestión territorial, el congresista reclamó soluciones urgentes para la renovación de la emergencia del colectivo de personas con discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.
Finalmente, en relación a esto último, destacó que existen múltiples fallos judiciales que exigen al Gobierno cumplir con la ley universitaria, concluyendo que la administración actual «lo que quiere es no cumplir las leyes» y prefiere manejarse mediante resoluciones judiciales momentáneas mientras, a su criterio, se avanza en la «venta de la Argentina».