La posibilidad de que efectivos de la Policía Bonaerense utilicen pistolas Taser dio un nuevo paso en la Legislatura provincial. La Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca incorporar este tipo de dispositivos al equipamiento policial y establecer reglas específicas para determinar quiénes podrán portarlos y en qué circunstancias podrán ser utilizados.
El despacho fue aprobado por unanimidad entre los legisladores presentes y surgió de la unificación de cinco iniciativas que estaban bajo análisis. Uno de los principales impulsores es Carlos Puglelli, diputado del Frente Renovador y presidente de la comisión, aunque el texto también reunió propuestas presentadas por representantes de distintos espacios opositores.
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El avance, sin embargo, no significa que la Bonaerense ya esté habilitada para utilizar Taser. El proyecto debe continuar ahora su tratamiento en otras comisiones, comenzando por Legislación General, antes de quedar en condiciones de llegar al recinto de Diputados. Si obtiene media sanción, deberá seguir posteriormente el trámite legislativo correspondiente.
La iniciativa propone modificar la Ley 13.482, que regula la organización y los principios de actuación de las policías bonaerenses, para incorporar expresamente los dispositivos electrónicos conductores de energía que actúan mediante proyectiles.
En qué situaciones podrían utilizarse las pistolas Taser
El proyecto plantea a las Taser como una herramienta intermedia entre la persuasión verbal o las técnicas de reducción física y el uso de un arma de fuego. Su utilización, de aprobarse la norma, no quedaría librada a la decisión irrestricta de cada efectivo.
El texto establece cinco principios para su empleo. Legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. En términos prácticos, deberían utilizarse cuando otros medios no violentos resulten insuficientes y exista una amenaza real, actual e inminente contra la integridad física del policía, de un tercero o incluso de la propia persona sobre la que se interviene.
El proyecto establece cinco principios para su empleo. Legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.
La regulación distingue además estos dispositivos de las armas eléctricas de contacto directo destinadas principalmente a provocar dolor mediante descargas, cuyo uso quedaría expresamente excluido de la habilitación propuesta. Las Taser contempladas por el proyecto disparan proyectiles conectados al dispositivo y buscan provocar una inmovilización neuromuscular temporal.
Otro requisito será que únicamente puedan portarlas efectivos policiales en actividad que hayan recibido capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua y superado las evaluaciones técnicas y psicofísicas correspondientes.
La formación deberá incluir manejo del dispositivo, conocimiento sobre sus efectos y riesgos para el cuerpo humano, técnicas de desescalada, uso gradual de la fuerza, protocolos de actuación y primeros auxilios. También se prevén mecanismos para registrar cada intervención y garantizar la trazabilidad de las armas, con una asignación individual al personal autorizado.
El debate que vuelve a abrirse en la Provincia
La discusión sobre las armas menos letales no es nueva en territorio bonaerense. Durante su etapa como ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni había promovido la compra de este tipo de dispositivos, aunque finalmente no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación de los agentes. A su vez, en años anteriores también fueron presentados proyectos que buscaban directamente prohibir su utilización.
Esta vez el despacho consiguió apoyo de representantes del Frente Renovador, La Libertad Avanza, PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y Derecha Popular, entre otros sectores. La reunión también reflejó diferencias dentro del oficialismo bonaerense, ya que legisladores vinculados a La Cámpora y al sector del gobernador Axel Kicillof no participaron del acompañamiento que permitió alcanzar el dictamen.
Puglelli sostiene que el objetivo es cubrir lo que considera un vacío entre las herramientas de intervención disponibles actualmente. “No es darle el arma y nada más”, señaló el legislador al explicar que la incorporación tendría que estar acompañada por estudios, capacitación y protocolos específicos.