A poco más de dos semanas de recibir al Papa León XIV, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole volvió a quedar en el centro de una disputa con el Gobierno nacional por el financiamiento de la atención a personas con discapacidad. La institución reclama judicialmente más de $825 millones por medicamentos e insumos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de este año, mientras que desde el área nacional de discapacidad rechazan que esa suma esté debidamente acreditada.
El nuevo planteo se conoce después de que a comienzos de octubre el Estado cancelara otro reclamo del Cottolengo por más de $750 millones, que la entidad venía realizando desde febrero. Ahora, sus apoderados volvieron a presentarse ante la Justicia para denunciar incumplimientos vinculados con prestaciones del programa federal Incluir Salud.
Según la documentación citada por La Política Online y reproducida por otros medios, el establecimiento presentó presupuestos de medicamentos e insumos, constancias de requerimientos ingresados al programa y listados de los pacientes alcanzados. La posición oficial es diferente y sostiene que esa documentación no resulta suficiente para habilitar el pago.
Qué es y qué trabajo hace el Pequeño Cottolengo Don Orione, el predio de Claypole que visitará el Papa León XIV
La controversia se produce mientras el Cottolengo prepara una visita histórica. La obra Don Orione confirmó oficialmente que León XIV llegará al establecimiento de Claypole el lunes 9 de noviembre, en el marco de su viaje a la Argentina. Será un encuentro especialmente pensado para los residentes y no estará abierto de forma masiva al público.
Qué reclama el Cottolengo de Claypole
La presentación de la institución no se limita al monto acumulado entre marzo y junio. Sus representantes aseguran que desde octubre de 2025 existen problemas con la entrega de tratamientos farmacológicos, insumos dietoterápicos y pañales destinados a residentes afiliados al programa Incluir Salud.
En el escrito judicial cuestionaron además que a los beneficiarios se les continúe descontando de sus pensiones el concepto correspondiente a cobertura médica mientras, según su denuncia, determinados elementos necesarios para sus tratamientos no son entregados.
El Papa León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, de Claypole.
El establecimiento alberga a más de 400 personas con discapacidad y tiene más de nueve décadas de trayectoria en Claypole. Durante este año sus autoridades ya habían advertido sobre dificultades para sostener gastos cotidianos, salarios, reparaciones edilicias y distintos servicios vinculados con el cuidado de los residentes.
La situación también llegó a la agenda de la Iglesia. La Conferencia Episcopal había expresado durante 2026 su preocupación por las dificultades económicas de instituciones dedicadas a personas con discapacidad y representantes eclesiásticos mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud para discutir el financiamiento del sector.
Por qué el Gobierno rechaza el pedido de $825 millones
Desde el Gobierno nacional cuestionaron la presentación y sostienen que no se ingresó una solicitud administrativa que permita tramitar el monto reclamado. La abogada que representa al área nacional de discapacidad planteó ante la Justicia que no basta con presentar presupuestos para acreditar una obligación de pago.
La respuesta oficial reclama que el Cottolengo aporte las facturas correspondientes a los insumos adquiridos, además de documentación que permita relacionar cada compra con los tratamientos de los residentes. Para ello pidió historias clínicas o recetas médicas recientes que respalden individualmente las prestaciones reclamadas.
El Cottolengo Don Orione, ícono del Sur del GBA, pide ayuda para sus 500 discapacitados: cómo dar una mano
De esa manera, el expediente quedó atravesado por dos posiciones enfrentadas. El Cottolengo asegura haber presentado constancias suficientes para demostrar los requerimientos y denuncia la falta de provisión de elementos esenciales. El Estado sostiene, en cambio, que faltan pasos administrativos y comprobantes para considerar exigibles los $825 millones.
La disputa quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar la documentación aportada por ambas partes. Mientras tanto, la institución continúa funcionando y preparando uno de los acontecimientos más importantes de sus 90 años de historia.