La Doctora Celia Altamiranda, Jueza de Faltas del Poder Judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña, realizó un balance positivo del Plenario Anual de la Justicia de Paz y Faltas del Chaco, un encuentro que reunió a más de un centenar de magistrados y funcionarios judiciales de toda la provincia para intercambiar experiencias y debatir sobre los principales desafíos del servicio de justicia.
En diálogo con Radio Fly 99.3, la magistrada explicó que el encuentro no tiene como objetivo impartir directivas, sino generar un espacio de intercambio entre juzgados que enfrentan realidades muy diferentes según la región donde funcionan.
«Estos plenarios son un espacio para compartir experiencias y diagramar modalidades de trabajo. Cada año se abordan temas distintos, de acuerdo con las necesidades que plantean los propios juzgados», expresó.
Altamiranda destacó además el acompañamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, quienes participaron durante toda la jornada, desde el acto de apertura hasta el cierre de las exposiciones.
Tres ejes de trabajo
La jueza explicó que el plenario se estructuró en torno a tres ejes temáticos.
Uno de ellos estuvo orientado a la Justicia de Paz, donde se compartieron experiencias vinculadas a la fijación de alimentos provisorios y los regímenes de comunicación entre padres e hijos. Como ejemplo, mencionó casos resueltos mediante audiencias virtuales que permitieron alcanzar acuerdos en pocos minutos, evitando procesos judiciales mucho más extensos.
Otro de los temas abordados fue la elaboración de un mapa de gestión impulsado por la Inspectoría de Justicia de Paz y Faltas junto al área de Estadísticas, una herramienta que permitirá reflejar el trabajo cotidiano que realizan los juzgados, especialmente en el interior provincial, donde muchas veces cumplen funciones de orientación y acompañamiento que exceden su competencia formal.
El debate por la nueva Ley de Honorarios
Uno de los puntos centrales del plenario fue el análisis de la nueva Ley de Honorarios Profesionales.
Altamiranda sostuvo que la normativa representa un reconocimiento al trabajo de los abogados.
«Como abogada que ejerció durante casi quince años antes de asumir como jueza, considero que esta ley vino a saldar una deuda histórica con la profesión», afirmó.
No obstante, explicó que la principal preocupación radica en la aplicación de los honorarios mínimos establecidos por la norma, ya que limita el margen de los jueces para adecuarlos a cada caso concreto.
«La ley no nos permite apartarnos de esos mínimos, aun cuando entendamos que no guardan relación con el monto discutido. Ese es hoy el principal punto de debate», señaló.
En ese sentido, advirtió que el impacto económico podría trasladarse directamente a los ciudadanos.
«El conflicto hoy parece centrado entre magistrados y abogados, pero creo que quien terminará sintiendo las consecuencias será el ciudadano, que deberá afrontar esos costos», manifestó.
Más tecnología para mejorar el servicio
Durante la entrevista, la jueza también destacó el avance del Poder Judicial en materia tecnológica.
Indicó que, si bien existen diferencias entre las grandes ciudades y las localidades más alejadas, el Superior Tribunal de Justicia viene incorporando nuevas herramientas informáticas, renovando equipamiento y fortaleciendo la conectividad de los juzgados.
Asimismo, valoró la capacitación recibida en materia de prueba digital y cibercrimen, aspectos que consideró fundamentales ante el crecimiento de la evidencia obtenida a través de redes sociales y dispositivos electrónicos.
Operativos contra las maniobras peligrosas
Consultada sobre los operativos destinados a prevenir las denominadas «picadas» y otras maniobras peligrosas protagonizadas por motociclistas, Altamiranda destacó el trabajo conjunto que llevan adelante la Policía del Chaco y el Municipio.
Explicó que el Juzgado interviene principalmente cuando los conductores logran escapar de los controles y posteriormente deben ser identificados mediante tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos.
«Identificar fehacientemente a una persona para imputarla no siempre es sencillo. Por eso trabajamos junto a la División de Investigaciones y utilizamos todas las herramientas tecnológicas disponibles para reunir pruebas suficientes», explicó.
Finalmente, adelantó que se encuentran en marcha nuevas investigaciones vinculadas a este tipo de infracciones y valoró la posibilidad de que Sáenz Peña cuente próximamente con una delegación de Cibercrimen, lo que fortalecería las tareas investigativas y el tratamiento de la evidencia digital.